De acuerdo con una nota publicada este martes en el sitio digital de esa instancia gubernamental, el subsecretario de Estado, Alfredo Mantovano, instruyó a la Fiscalía General para que comparezca en nombre de dicho Consejo y del Ministerio del Interior en el juicio, cuya primera audiencia se prevé para mañana miércoles.
La decisión se tomó teniendo en cuenta la extrema gravedad de los hechos, registrados el 26 de febrero de 2023 a poca distancia de la localidad calabresa de Steccato di Cutro, cuando una embarcación procedente de Turkiye, con al menos 180 migrantes a bordo, encalló en un banco de arena en la desembocadura del río Tacina.
El impacto expuso al barco, que presentaba dificultades de navegación, a la violencia del oleaje del mar, por lo cual se volcó y destruyó, causando la muerte de al menos 94 personas y un elevado número de desaparecidos.
Los acusados enfrentan cargos por los delitos de complicidad en la inmigración ilegal, naufragio negligente y muerte como consecuencia del delito de complicidad, precisa la publicación.
El denominado decreto de Cutro, aprobado en marzo de este año durante una reunión del Consejo de Ministros efectuada en la ciudad de ese nombre, poco después del referido naufragio, establece sanciones más severas para los traficantes de personas y otras medidas para enfrentar la migración.
De acuerdo con el último parte divulgado por el Ministerio del Interior italiano, del 1 de enero al 28 de noviembre de 2023 desembarcaron en las costas de este país 152 mil 216 migrantes irregulares, cifra muy superior a los 94 mil 343 que arribaron en igual período del pasado año.
Entre los migrantes llegados este año por mar se destacan en primer lugar los guineanos, con 18 mil 86, seguidos de los tunecinos, con 17 mil 73, los procedentes de Costa de Marfil, con 15 mil 936, así como los nacionales de Bangladesh y Egipto, con 11 mil 518 y 10 mil 881 personas, respectivamente, precisa la fuente.
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