Pierre Robert Auguste, presidente de la Asociación de Empresarios de Artibonite (AEA), lamentó que los grupos armados se benefician de una permisividad de las autoridades, mientras no existe reflexión estratégica a nivel del Estado en colaboración con la sociedad para hacer frente a la inseguridad.
Auguste aseguró al programa radial Magik 9 que operan tres grandes grupos criminales en Petite-Rivière de Artibonite, Croix Périsse y Gros-Morne y la Policía Nacional está equipada con armas y municiones para hacer frente a estos grupos, pro no hace nada para contrarrestar la situación.
“Las bandas se están convirtiendo en una actividad económica rentable y en una modalidad social. Quien se une a una banda no tiene miedo de exhibirse” deploró el responsable de la AEA.
La crisis tiene grave consecuencias para esa región, donde alimentos como el arroz que se cultiva en la zona aumentaron su precio en 40 por ciento, y los comercios no pueden abastecerse.
Además, aseguró, algunas empresas se encuentran en una situación de quiebra no declarada y otras simplemente cerraron o despidieron masivamente a sus empleados debido a la situación de la seguridad en el departamento.
Auguste teme el comienzo de un estallido social y una revuelta popular dirigida directamente contra los funcionarios y autores de actos delictivos.
Ante esta situación la AEA pidió al Gobierno que se levanten las restricciones impuestas para permitir a los empresarios importar directamente, así como la creación de una asociación público-privada para promover el uso de los puertos en un marco de desarrollo económico regional.
Esta semana, la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití denunció que en Artibonite, el mayor granero del país, se registró un aumento considerable de la violencia desde julio del pasado año y más de mil 690 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas.
“Extremadamente violentos, no dudan en ejecutar a la población local cuando atacan pueblos considerados rivales y queman a los secuestrados para obligar a sus familias a pagar rescates. Además, utilizan la violencia sexual como arma contra las mujeres e incluso los niños pequeños”, lamentó la organización.
Como consecuencia, más de 22 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares para buscar refugios en lugares menos inseguros.
Los desplazamientos, advirtió la Binuh, provocaron la reducción de las tierras cultivadas y el endeudamiento de muchos agricultores y comerciantes, incapaces de devolver sus préstamos.
Todo ello mientras el 45 por ciento de la población vive bajo inseguridad alimentaria aguda y las pandillas tienen el control de la Ruta Nacional 1.
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