Según comunicó la compañía, esperan dirimir el caso ante la Corte Internacional de Arbitraje, y por el momento, están suspendidas las previsiones de producción de Minera Panamá, así como los compromisos contractuales con alrededor de siete mil empleados.
Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, mantiene la mina en “estado de preservación y mantenimiento seguro” desde el pasado 23 de noviembre, alegó la empresa.
En sintonía con el clamor popular, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato-ley que renovó los derechos de la empresa por 20 años, con opción de prórroga por similar lapso de tiempo, a cambio de ingresos para el país por 375 millones de dólares anuales.
Activistas políticos y ambientalistas de la nación latinoamericana protagonizaron multitudinarias manifestaciones de protesta debido a los daños provocados por la explotación minera en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano y frente a la decisión gubernamental de prorrogar la licencia.
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Federico Alfaro, renunció ayer al cargo, dos días después de que la Corte Suprema emitiera el veredicto sobre contrato-ley entre el Estado y la subsidiaria de First Quantum Minerals.
De acuerdo con el fallo, el contrato-ley infringía 25 artículos de la Constitución de la República relacionados con los derechos de los ciudadanos y los deberes del país de garantizar una vida en un ambiente sano y sin contaminación.
No obstante, datos del Grupo Internacional de Estudio del Cobre avalaron que se trata de un lucrativo negocio empresarial: solo en los primeros nueve meses de 2023, la mina aportó alrededor de 268 mil toneladas del mineral contenido en concentrados, equivalentes al dos por ciento de la producción mundial.
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