Por Luis Manuel Arce Isaac
Corresponsal jefe de Prensa Latina en México
Su aprobación, primero en el Senado con 67 votos a favor y 48 en contra el 25 de octubre, y al día siguiente en la Cámara de Diputados avalado en lo general con 259 votos a favor y 205 en contra, confirmó las posiciones irreconciliables de las bancadas oficialista y de oposición, entre las cuales se cierran las vías de diálogo a cal y canto por muchas razones, como el largo período electoral que se vive en México.
El día 27, como una rápida sucesión de hechos y decisiones, el Poder Ejecutivo aprobó el dictamen y sin perder ni un minuto lo publicó en el Diario Oficial firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para convertirlo en ley, lo cual no significó, ni significa, que dicha legislación haya quedado blindada de los ataques del Poder Judicial a sus autores, y a los intentos de recuperar esa montaña de dinero.
Los partidos de oposición aliados al Poder Judicial, como Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), estimulan desde ambas cámaras las acciones emprendidas por la Suprema Corte de Justicia Nacional), el Tribunal del Poder Judicial Federal (TPJF) y el Consejo de la Judicatura de la Federación, los poseedores de los fideicomisos, los dos primeros con seis cada uno y el último con dos, para sumar 14, de los cuales solamente sobrevivió uno por su destino más claro a necesidades judiciales.
El dictamen reforma un artículo de la Ley Orgánica mediante el cual se prohíbe la creación y operación de mecanismos mercantiles no estipulados dentro del ordenamiento, pero cuya interpretación tendenciosa permitía la creación de los fideicomisos sin más intervención que el Poder Judicial.
La reforma le agregó un párrafo que regula y limita esos excesos en apariencia autonomistas de un poder del Estado, el cual prevé que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación (PJF), no podrán ser creados, ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado en el propio artículo reformado de la Ley Orgánica.
Con tal dictamen aprobado en exclusiva por el oficialismo y negado por la totalidad de la oposición, se puede decir que la sangre sí llegó al río, porque los magistrados desenvainaron con velocidad meteórica sus argumentos leguleyos para intentar convertir el dictamen en una pieza anticonstitucional y revertir su liquidación, aunque, en un arranque de apego a la ética, la presidenta de la SCJN, magistrada Norma Piña, aceptó destinar los dineros de los 13 fideicomisos a la recuperación de Acapulco por los daños del terrible ciclón Otis.
Y aunque le eliminación de esos fondos no afecta el presupuesto del Poder Judicial y los salarios que devenga la cúpula de sus tres órganos principales no se tocan y continúan ganando hasta 35 mil dólares mensuales cuando el presidente de la República cobra unos seis mil, echaron mano a un argumento muy poco creíble de que el dinero de los fideicomisos se le estaba arrebatando a los 45 mil empleados de esa instancia a nivel nacional.
Fue el oxígeno que usaron para inflamar una pretendida rebelión de funcionarios organizada por los magistrados y los líderes partidistas en los días en los que sesionaron senadores y diputados que aprovechó el presidente López Obrador para exponer los verdaderos destinos de los fideicomisos.
Con cifras, datos, ejemplos de derroche y buena vida, viajes, casas, autos blindados, hoteles y restaurantes de lujo, demostró sin que el PJF pudiera desmentirlo, cómo se empleaba la mayor parte de los dineros que aportan al Estado los ciudadanos mediante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Nadie osó desmentir lo expuesto y solo recurrieron al débil hilo argumental de daño laboral
Sin embargo, como había advertido el Gobierno, esos 857 millones de dólares no se han podido destinar todavía a beneficiar a los damnificados de Acapulco, porque el Poder Judicial consiguió a ministros de su ámbito para impugnar el dictamen, y buscar fórmulas para declararlo inconstitucional e intentar devolver al grupo que lo disfrutaba.
Habría que ver si esos millones de dólares -que en moneda nacional sobrepasan los 15 mil millones de pesos- estarán inactivos en los congeladores de la Secretaría de Hacienda sin poder usarse ni para comprarle una aspirina a cualquier acapulqueño que la requiera, o reconstruir una escuela o un hospital público.
Pero el camino que deben recorrer los ministros para echar atrás el dictamen de eliminación de los fideicomisos es complicado y de difícil pronóstico para sus objetivos personales.
Como alertó Laura Rojas Zamudio, investigadora asociada del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, hay tantos inconvenientes que cualquier estrategia integral de defensa tendría la única vía de la acción de inconstitucionalidad, un camino bastante minado para los magistrados por los numerosos y escabrosos inconvenientes para todos ellos.
La investigadora advierte de lo inevitable que, en el plazo establecido de 120 días hábiles -ya son menos- los fideicomisos se extingan y se den por terminados, con la consecuente obligación de entregar los recursos remanentes a la Tesorería de la Federación para que sean aplicados al cumplimiento de los programas del Plan Nacional de Desarrollo, y lo peor para los magistrados es que ellos mismos han sentado precedentes con 109 fideicomisos impugnados y los procedimientos de extinción no pudieron ser detenidos y se quedaron sin fondos, con lo cual terminó la acción de inconstitucionalidad.
En fin, se trata de una herencia que hace presagiar mayores enfrentamientos entre dos poderes con intereses irreconciliables, el Ejecutivo y el Judicial, cuya única solución, según los expertos, consiste en una reforma de este último.
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