El proyecto dirigido abiertamente a terminar con años de saqueo y de privilegios por parte del sector privado que monopoliza virtualmente la generación de energía nacional, encuentra un férreo rechazo de empresarios y partidos de oposición.
La reforma -en realidad una contrarreforma a la instituida por el expresidente Enrique Peña Nieto que perjudicó mucho a la Comisión Federal de Energía (CFE) y a la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex)- es uno de los caballitos de batalla de López Obrador quien ha denunciado el multimillonario saqueo por parte de compañías privadas como la española Iberdrola.
El mandatario insiste desde hace años que la pretensión de la reforma de Peña Nieto, y anteriormente del expresidente Felipe Calderón, era quebrar y desaparecer a la CFE y Pemex y privatizar totalmente el sector, y casi lo logran pues ambas estaban en una crisis profunda.
El documento circulado por los integrantes de la comisión anticipa que la reforma planteada por López Obrador tiene pleno sustento constitucional y dará fin a un mercado donde CFE compra la electricidad a los particulares a doble precio y otorga además subsidio encubierto para mantener el sistema de dumping.
Ante las protestas empresariales y críticas al gobierno, la comisión respondió que no se puede alegar que la decisión de renegociar, terminar en forma anticipada los contratos o cancelación de contratos de auto abastecimiento -que resultaron en una simulación- pudiera ser interpretada como de irretroactividad a la ley.
En sus consideraciones, el proyecto coincide con la iniciativa del Ejecutivo, respecto de ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica, acordes con la nueva política energética del actual gobierno.
Al respecto, define que el sistema del despacho de los generadores, impuesto por la reforma energética en la Ley de la Industria Eléctrica es uno de los mecanismos que ha demostrado imponer a la generación privada privilegios, con graves perjuicio a la CFE que es la empresa obligada a prestar el servicio público de energía a todo el país.
En ese sentido, conviene en la necesidad de modificar la jerarquización del despacho de las centrales eléctricas, como plantea la iniciativa, para dar entrada con prioridad a la energía producida por las centrales de CFE y al final las de las empresas privadas.
Frente a esa posición, integrantes de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad se oponen a la iniciativa presidencial bajo el argumento de que no son viables las modificaciones a la ley, y no ocultan su coincidencia con las actitudes del empresariado privado.
Se trata, evidentemente, de que la sesión del viernes y las futuras van a ser muy candentes.
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