La víspera, la titular del sector Patricia Bullrich informó que la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal, así como el sistema penitenciario, intervendrán ante cortes, piquetes y bloqueos parciales o totales de calles y lugares públicos.
Si toman la calle habrá consecuencias. Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio y se empleará la mínima fuerza necesaria y suficiente. La misma será graduada en proporción a la resistencia, señaló.
Además, indicó que serán identificados “los autores, cómplices e instigadores de ese tipo de delito”, así como los vehículos utilizados, los cuales se incautarán si no cumplen las normas de tránsito y si sus conductores no poseen los documentos requeridos.
Serán sancionados aquellos que lleven niños y se notificarán las autoridades competentes. Por todos los costos de los operativos de seguridad se enviarán las facturas a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no pagará por el uso de las fuerzas, añadió.
En un comunicado, las Abuelas se sumaron a organizaciones sociales y sindicatos que expresaron su alarma y afirmaron que el anuncio de Bullrich “no respeta derechos elementales previstos por la Constitución y los estándares internacionales para los ciudadanos que deseen manifestar su descontento con las medidas de cada gobierno de turno”.
La protesta social es un derecho, pero también una garantía para el diálogo democrático entre el pueblo y sus representantes. Las peores tragedias de nuestra historia llegaron de la mano de las políticas represivas, apuntaron.
A poco de cumplir 40 años de la democracia más larga en nuestro país, pedimos a nuestros gobernantes el respeto a los derechos y a la Carta Magna, concluye el texto.
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