Al entrar la campaña en su recta final hasta el 9 de julio, sostuvo Pereira que este mecanismo de impugnación no solo refleja lo nociva que es la LUC, sino que sería una vía para dejar claro ‘que la sociedad no comparte esta forma de gobernar’.
Reiteró que esta ley tiene un problema de forma, ‘en 90 días analizó temas de vivienda, trabajo, economía, empresas públicas, con los alquileres, con el derecho penal y hasta una reforma educativa’, en 500 artículos.
A continuación consideró que ese tipo de legislaciones ómnibus dieron menor calidad democrática por lo que están desautorizadas en buena parte del mundo y tienen muy baja reputación legal, en declaraciones en la televisión.
Refirió que diversos politólogos las cuestionaron como forma de llevar adelante un plan de gobierno agravado por la pandemia y a las organizaciones sociales y catedráticos convocados a opinar en el parlamento solo les concedieron 15 minutos.
Pereira señaló que ‘acá hay una discusión que tiene que ver con la forma, y también con el contenido’.
Encuestas de las consultoras Factum y Opción arrojaron que luego de cinco meses buena parte de la población desconoce el contenido de la LUC, y lo atribuyeron a que en lugar de la opción de expertos solo se utilizó la mayoría parlamentaria de la coalición gobernante.
La central sindical integra junto a otras decenas de organizaciones la Comisión Pro Referendo revocatorio de 135 artículos de la LUC que hasta la fecha recopiló alrededor de 600 mil firmas de las 675 mil requeridas constitucionalmente el 9 de julio para que la Corte Electoral convoque a consulta ciudadana.
El expresidente uruguayo José Mujica y otros dirigentes del Frente Amplio llamaron a un esfuerzo final para conseguir las adhesiones necesarias en defensa del derecho del pueblo a discutir públicamente una legislación.
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