Resulta un acuerdo suscrito en el 2000, pero que genera dudas tanto desde la bancadas oficialistas como del opositor Frente Amplio (FA).
En su letrado, el convenio se refiere a temas logísticos, pero suscribe sobre «apoyo a operaciones en bases» y menciona la construcción correspondiente a tal soporte.
Del lado del gobierno, el ministro de Defensa, Javier García, y el titular de Asuntos de Derecho Internacional de la cancillería, Marcos Dotta, aseguraron en su momento que el convenio no conlleva la instalación de bases extranjeras en el territorio nacional.
La revista Caras y Caretas, en su edición digital, recordó que la senadora frenteamplista Sandra Lazo opinó que el texto a discutir «da para pensar» sobre la eventualidad de que Uruguay albergue una instalación militar estadounidense.
Lazo adelantó que su fuerza política votará en contra de la iniciativa legislativa.
Otro senador del FA, Daniel Caggiani, opinó su preocupación de que Uruguay «sea utilizado en la estrategia del Comando Sur de Estados Unidos para América Latina».
Resultarían, apuntó, «estrategias que nada tienen que ver con los intereses nacionales de nuestro país».
«Estados Unidos tiene una definición muy importante en lo que respecta a sus enemigos estratégicos, y algunos de estos son nuestros principales socios comerciales», añadió en referencia a China.
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