No estamos de acuerdo con esas disposiciones porque, entre otras cosas, criminalizan las manifestaciones, afirmó en declaraciones a Radio La Red.
Debe haber cierto orden, pero esas medidas sobrepasan el límite establecido en estos años de democracia, añadió.
Asimismo, rechazó la decisión del Gobierno de Javier Milei de retirar planes sociales a quienes participen en las demostraciones, lo cual calificó de persecución.
La semana pasada, Bullrich informó que la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal, así como el sistema penitenciario, intervendrán ante piquetes y bloqueos parciales o totales de lugares públicos.
Si toman la calle habrá consecuencias. Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio y se empleará la mínima fuerza necesaria y suficiente. La misma será graduada en proporción a la resistencia, indicó.
Además, precisó que serán identificados “los autores, cómplices e instigadores de ese tipo de delito”, así como los vehículos utilizados, los cuales se incautarán si no cumplen las normas de tránsito y si sus conductores no poseen los documentos requeridos.
Serán sancionados aquellos que lleven niños y se notificarán las autoridades competentes. Por todos los costos de los operativos de seguridad se enviarán las facturas a las organizaciones e individuos responsables. El Estado no pagará por el uso de las fuerzas, agregó.
Por su parte, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello comunicó la víspera que todos aquellos que promuevan, instiguen, organicen o participen en las protestas, perderán contacto con esa cartera del Estado.
Asimismo, reiteró que no podrán acceder a los planes que poseen.
Ya lo dijo el Presidente: el que corta (la calle), no cobra, apuntó.
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