En un comunicado la Defensoría llamó a toda la sociedad costarricense para que de forma colectiva hagamos frente a las vulnerabilidades que aquejan a los sectores de población que requieren protección especial del Estado, entre ellos: la niñez y la adolescencia, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad.
También las personas migrantes que transitan en la región hacia el Norte del continente,
las mujeres víctimas de violencia de género, las personas en condición de calle, los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes y en condición de pobreza, entre otras.
Al referirse a los retos en salud, resaltó que se deben explorar soluciones estructurales en el manejo de las listas de espera, infraestructura hospitalaria y de primer nivel de atención, dotación de recurso humano especializado, medicamentos, fortalecimiento del régimen de pensiones y abordaje integral de situaciones relacionadas con la atención de la salud mental.
En el tema educación, recordó el ente que el Estado debe asegurar el financiamiento otorgado por la Constitución Política a este sector, así como ampliar la cobertura del bilingüismo, la educación técnica, la ampliación de los centros educativos que imparten el currículum educativo completo y avanzar en el cumplimiento de la calidad de la educación.
En seguridad, se llamó la atención que el país transita por niveles preocupantes de violencia y un ejemplo de ello es la cantidad de homicidios nunca antes vista en la historia del país.
Durante el 2023 la Defensoría realizó gestiones para apoyar procesos tendientes a la prevención de delitos, a la dotación de condiciones presupuestarias aptas para el sector seguridad y el sector de investigación criminal, recordó.
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