México es probablemente el país puntero en cantidad de desaparecidos por motivos de violencia del crimen organizado e incluso de otros factores sociales, según los estudios realizados por organismos especializados.
Precisamente desde ayer circula en el país un documento del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) en el cual demandan la publicación de la metodología nacional utilizada en el censo de personas desaparecidas, así como la evidencia recolectada, para asegurar la precisión y veracidad de los datos.
El ojo de la demanda es que hay demasiados casos no identificados y los familiares están desesperados, y no solo por aquellas personas de las que no se sabe absolutamente nada, sino también de cientos de cuerpos congelados en las morgues sin que haya un avance notable al respecto.
Las familias de personas desaparecidas exigen ser incluidas activamente en el desarrollo de políticas y estrategias que impacten directamente la búsqueda e identificación y piden que no solamente se tengan en cuenta a los profesionales al frente de esa tarea, sino a los familiares que son quienes tienen experiencias y necesidades y consideran deben ser el centro de las políticas oficiales.
Ellos piden una mayor rigurosidad y transparencia del Estado en este proceso de vital importancia en la búsqueda de verdad y justicia y cuestionan el Censo de Personas Desaparecidas presentado por el Ejecutivo Federal.
Sus principales cuestionamientos se centran en que no han sido debidamente informados sobre la metodología nacional de recolección e intercambio de información del censo, ni participado en este proceso cuando ellos son parte del sujeto principal de la pesquisa.
Están completamente en desacuerdo con la conclusión de que sólo hay confirmación de 12 mil 377 personas desaparecidas cuando las familias víctimas están muy seguras de que este dato es incorrecto y les preocupa que ello suponga una justificación para que la autoridad busque los miles de casos de los registros donde falta información.
Tal situación, alertan, genera confusión al no especificar claramente el número de personas desaparecidas y los registros de los que se necesita mayor información. Es alarmante la falta de precisión sobre el paradero de las 17 mil 843 personas que supuestamente ya fueron ubicadas, pero las pruebas no convencen.
También no comparten la utilización de categorías como «sin datos suficientes para identificación» referidos a 26 mil 90 registros, y «sin indicios para la búsqueda» otros 36 mil 22 registros, que en conjunto suman 66 mil 112 desaparecidos no identificados, aunado al hecho de que se pide colaboración a la ciudadanía para esclarecer estos casos, cuando en realidad es responsabilidad de las instituciones tener registros completos y actualizados.
El MNDM estima necesario saber, de manera transparente y verificable, cómo se relacionarán los resultados de este censo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
También cómo se garantiza que el Registro sea una herramienta para diseñar estrategias de búsqueda; y cómo se evita que se le dé uso político ante las coyunturas electorales.
A partir de esos criterios el MNDM ha trasladado a la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Búsqueda varias recomendaciones para fortalecer el diálogo y la comunicación entre autoridades y colectivos de familiares de personas desaparecidas.
La conclusión es que saben que a 10 meses de la finalización del actual gobierno no hay tiempo para solucionar todos los problemas planteados, pero piden se den pasos en los próximos meses con la inclusión de las familias de forma activa y participativa, para que a la nueva administración que inicia en septiembre de 2024 tenga una menor carga y un camino más expedito al cumplimiento de las demandas.
mem/lma
