Los siete magistrados de ese alto tribunal, por unanimidad, declararon sin lugar los expedientes de autoridades indígenas y dos grupos de abogados, lo cual significa que la reforma a la Ley Orgánica del ente investigativo de 2016 sigue firme.
Las solicitudes ante la CC pretendían la suspensión del párrafo segundo del artículo 14 de esa norma, que establece las causas para la remoción del fiscal general reformuladas en 2019.
La destitución del jefe del MP puede hacerse solo con causa justificada por “la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada”.
Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones, una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva, según la norma.
El fallo de la CC imposibilita a Bernardo Arévalo cuando llegue a la silla presidencial el 14 de enero próximo remover a la jefa del MP, Consuelo Porras, si esta no ha sido condenada por algún delito.
El mandatario electo afirmó la víspera en visita a República Dominicana que su primera medida será “exigir” la renuncia de la fiscal general.
Ante las maniobras del MP contra los comicios de junio y agosto último, el abanderado del partido Movimiento Semilla acusó a Porras de promover un golpe de Estado.
Sectores sociales la señalaron de encabezar maniobras judiciales contra Arévalo, otros integrantes de Semilla y magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
El 2 de octubre pasado los reconocidos 48 Cantones del departamento de Totonicapán convocaron a un paro nacional y bloqueos de carreteras en exigencia de la renuncia de Porras y otros de sus funcionarios.
En medio de la presión en todo el país, el jefe de Estado Alejandro Giammattei se reunió con los líderes indígenas y les manifestó que ya no tenía esa potestad.
Los pueblos indígenas originarios de Guatemala cumplen 80 días consecutivos de plantón pacífico frente a la sede del MP con igual reclamo, además de rechazar la corrupción, la impunidad y la parcialidad de la justicia.
El ente investigativo desmintió a inicios de mes los rumores sobre el estado de salud de Porras, tras su paredero incierto, y desde entonces se le vio presidiendo algunas reuniones.
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