El Poder Ejecutivo presentó al parlamento la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal 2020, a cargo de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien proyectó además la continuación del mismo rumbo en gastos para 2021.
Arbeleche señaló entre las pocas novedades de apariencia favorable ‘la incorporación de dos programas vinculados a políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables, como la niñez de 0 a 3 años y la población que habita en viviendas precarias’.
Pero esto último se cubrirá a costa de un fideicomiso de rubros destinados a la compra de tierra para el Instituto de Colonización, recaudados por impuestos y estimados en 12 millones de dólares, lo que la Federación de Cooperativas de viviendas por ayuda mutua describió como ‘vestir un santo, desvistiendo otro’.
Para el senador del Frente Amplio Charles Carrera, el gobierno sigue ‘festejando el ajuste fiscal general y en particular en cada inciso’ de los 350 artículos, a pesar de las ‘consecuencias que esto tiene, en el contexto internacional de la pandemia y la recesión general’ de la economía uruguaya.
Otro cuestionamiento en las filas frenteamplistas surgió al permitirle a los organismos públicos depositar sus recursos en cualquier banco de plaza habilitado, lo cual traspasará ganancias del Banco República estatal a los privados.
Con la llegada simultánea de nueva ronda de la Comisión Tripartita Salarial, el movimiento sindical divisó otro congelamiento que representará ‘un duro golpe’ para el conjunto de los asalariados, ‘ya castigados’ por elevados niveles de desempleo y la pérdida de ingresos consecuentes, la caída de horas trabajadas y el subsidio por desempleo.
El economista y senador de Uruguay Daniel Olesker sostuvo que el actual gobierno en sus primeros 15 meses benefició a empresarios; mientras trabajadores pagan el costo social.
Sindicalistas y opositores políticos criticaron por ‘muy mala señal’ el segundo aumento de combustibles en 20 días que calificaron de perjudicial para los intereses de las grandes mayorías y ‘absolutamente inoportuno’ por el momento de ‘profunda crisis social y económica’ y social’ que transita el país.
La gremial del sector estatal combustible culpó a la Ley de Urgente Consideración (LUC) que encomienda al Poder Ejecutivo a disponer ajustes de precios en rubros energéticos cada 30 días, y crea la herramienta de Paridad en los de importación.
El presidente de la central sindical de Uruguay PIT-CNT, Fernando Pereira, afirmó en recta final hasta el 9 de julio en la recogida de firmas para derogar 135 artículos de la LUC en lo que está en juego es la forma de gobernar, que la sociedad no comparte.
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