Dicha ley, referida a la esfera energética, busca recuperar la soberanía de México sobre los principales sectores económicos como Petróleos Mexicanos, y eliminar la privatización en marcha desde los gobiernos neoliberales.
La normativa fue aprobada en el Congreso (parlamento), pero sin aplicar por la acción negativa de los jueces Julio Pablo Gómez y Rodrigo de la Peza.
Los dos magistrados se mostraron favorables a empresas estadounidenses y españolas, entre estas Iberdrola, que monopolizan el sector energético desde la época del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), pero en mayor profusión con Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) que las pusieron en sus manos.
Este fin de semana el segundo tribunal en competencia económica revocó la suspensión definitiva de la reforma eléctrica en el caso de dos empresas amparadas por ambos jueces, lo cual es de enorme valía, pues traza la ruta a los otros recursos judiciales en trámite, según el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
La importancia de la decisión radica en que el tribunal ordena que no se puede impedir o paralizar el desarrollo de las atribuciones propias del Estado, como son las responsabilidades de rectoría en materia eléctrica, sostuvo el funcionario.
Bartlett hizo notar que ese tribunal colegiado consideró incorrecta la determinación del juez Gómez en favor de empresas privadas y contra los intereses del Estado.
De esa manera, comienza a caer en firme la protección de la ‘justicia’ a las empresas privadas del sector eléctrico, beneficiadas con 362 suspensiones con efectos generales aprobadas en apenas dos meses por esos únicos dos jueces, como apunta La Jornada.
De marzo de este año a la fecha, los dos jueces concedieron los recursos judiciales a empresas trasnacionales para detener hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo en cuanto a lo que mandata la Ley de la Industria Eléctrica.
El gobierno calificó de muy vergonzosa y contra los intereses de la nación que un par de magistrados sin más arraigo que ‘el mercenarismo a favor de transnacionales’, actuaran por encima de los poderes constituidos, como el Legislativo, ‘en apoyo de saqueadores de los recursos del pueblo’.
El enfrentamiento y oposición presuntamente legal a las reformas constitucionales de esos y otros jueces adversos a los programas de renacionalización y rescate de la soberanía son los elementos planteados por el presidente López Obrador que justifican una revisión y cambios profundos en el Poder Judicial, coincidieron analistas.
Esto último es lo que está en el fondo de la actuación del gobierno al anunciar que acudiría a la Suprema Corte y a la Judicatura del Poder Judicial para hacer una revisión del procedimiento de esos jueces, a fin de ‘proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional’.
López Obrador aclaró que no se trataba de prohibir a las empresas extranjeras y privadas seguir haciendo negocio, sino que lo hagan con ganancias razonables y no robando porque ya no se les permitirá como hacen Iberdrola y 10 empresas más. No estamos en contra de los empresarios, sino de la corrupción, afirmó el mandatario.
¿Por qué si en España tienen un margen de utilidad de 15 por ciento, aquí en México tienen el 150 por ciento?, se preguntó el gobernante en las numerosas ocasiones en las que ha denunciado a la firma ibérica, principal opositora a la reforma eléctrica.
Por encima de las superganancias que Iberdrola obtiene se realizó un cálculo general de que la Comisión Federal de Electricidad le ha pagado un extra de 300 mil millones de pesos (15 mil millones de dólares) de más por esos contratos leoninos, dijo el jefe de Estado.
Evidentemente, como expresó López Obrador, era una situación insostenible pero que puede continuar si el gobierno no acelera la reforma en el Poder Judicial.
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