Al protocolo de seguridad y al megadecreto inconstitucional, ahora se suma este proyecto que busca una transformación estructural del Estado concentrando todo el poder en el Ejecutivo, advierte un comunicado de esa organización.
El texto presentado criminaliza la protesta social y utiliza la definición de «legítima defensa» para flexibilizar el gatillo fácil y la mano dura de las fuerzas de seguridad. También agrava las penas para las personas que se expresen en la calle e, incluso, a quienes «dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación», añade el mensaje de las Abuelas.
Asimismo, indica que el mayor problema es que pasa a entenderse por «manifestación» a cualquier «congregación intencional y temporal de tres o más personas».
Por otro lado, se retoma la figura de la “obediencia debida” para librar de penas a quienes obren «en cumplimiento de un deber», partiendo de la base de que la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de la fuerza de seguridad, apunta.
Las Abuelas señalan que el paquete de leyes pretende una transformación de todas las atribuciones del Estado –penal, tributaria, económica, educativa, cultural, social, previsional, entre otras–, y avasalla los derechos de los argentinos.
Ejercer la máxima autoridad del país exige responsabilidad y apego a la Constitución. Llamamos a la dirigencia de todo el arco político, a la justicia, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en su conjunto, a defender esta democracia que tanto nos costó conseguir, afirman en el comunicado.
Pedimos especialmente a los representantes del pueblo que estén a la altura del peligro que estamos viviendo, concluye el documento.
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