El DNU fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de este mes y reforma o deroga más de 300 normativas, incluye la privatización de las empresas estatales, la desregulación de la economía y la reforma laboral, entre otras acciones rechazadas por miles de personas que llegaron hasta el Congreso y salieron a las calles de este país para expresar su descontento.
Además, políticos, diputados y varias agrupaciones señalaron que se trata de medidas inconstitucionales, contra el Estado de Derecho y la división de poderes.
La víspera, los representantes de Unión por la Patria en la Cámara baja del Congreso exigieron la conformación urgente de una Comisión Bicameral para analizarlo, tal como establece la carta magna y las resoluciones de ese cuerpo.
De acuerdo con la ley 26 122, ese tipo de documentos debe ser sometido a consideración de dicho ente dentro de los 10 días posteriores a su publicación.
La normativa precisa que la comisión debe estar conformada por ocho senadores y ocho diputados, designados por sus respectivos presidentes (Victoria Villarruel y Martín Menem) a propuesta de los bloques parlamentarios y respetando la proporción de fuerzas políticas.
El DNU estará vigente mientras no sea rechazado por la mayoría absoluta de ambas cámaras.
Si una de ellas lo aprueba o el Congreso no se manifiesta quedará firme.
Durante las últimas jornadas, organizaciones como la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores de Argentina presentaron recursos contra esa legislación y realizaron manifestaciones para expresar su rechazo a las medidas incluidas en ese texto.
rgh/gas
