Un comunicado divulgado en la red social X por el canciller venezolano, Yván Gil, cuestionó el fallo de la fiscal federal argentina de Lomas de Zamora, Cecilia lncardona, y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, Diego Solernó.
La nota señaló que es un hecho público, notorio y comunicacional, la “violación continuada” de compromisos internacionales adquiridos por el Estado argentino con la subscripción de convenios internacionales, principalmente, el Convenio Sobre Aviación Civil Internacional.
También, añadió, el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Carta de Naciones Unidas, el Convenio Bilateral entre Caracas y Buenos Aires y otros relativos a la Navegación Aérea Internacional y Derechos Humanos.
Destacó que la Comisión de Derecho Internacional y la doctrina reconocen que el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, proceso de Codificación del Derecho Internacional, es fuente autónoma de la disciplina, según lo prevé el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional.
Por lo tanto, subrayó, “no aplica el tratado suscrito entre Estados Unidos de Norteamérica y Argentina”.
El texto enfatizó que la justicia argentina pretende desconocer el contenido del artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional que establece “la prohibición de paralización o embargo” de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes.
Detalló que luego de probarse en un juicio -lleno de arbitrariedades y en incumplimiento del propio ordenamiento jurídico interno- que la tripulación, la aeronave y la carga, cumplieron todas y cada una de las normas internacionales para la navegación aérea y del ordenamiento jurídico argentino, pretendan hoy aplicar un Tratado de Asistencia Jurídica Internacional entre Argentina y Estados Unidos.
El comunicado afirmó que ese pacto bilateral “no puede ser aplicado a un tercer Estado” porque estaría en franca violación de las obligaciones asumidas en convenios multilaterales y en los que Buenos Aires, Washington y Caracas tienen compromisos adquiridos y procedimientos para resolver este tipo de controversias.
La República Bolivariana, de conformidad al derecho internacional que le asiste, recurrirá a las instancias internacionales que correspondan por este nuevo atropello que, a todas luces, “denota parcialidad, discriminación, desconocimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, conducta inamistosa y carente de la más elemental cortesía internacional”, enfatizó.
El Gobierno bolivariano solicitó la “inmediata devolución” de la aeronave, que solo puede volar bajo autorización expresa de Venezuela, a la cual pertenece.
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