La resolución presentada en la Cámara de Representantes por el mandatario establece que la Oficina del Contralor de Puerto Rico deberá realizar un proceso de auditoría de la deuda emitida por el gobierno de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios.
La auditoría abarcaría desde 1952, cuando se fundó el Estado Libre Asociado (ELA), como gobierno propio pese a la dominación colonial de Estados Unidos, hasta 2016, cuando se declaró la bancarrota fiscal de Puerto Rico, con una impagable deuda de 73 mil millones de dólares y se aprobó la ley Promesa.
Dentro del paquete de medidas se encuentra la resolución Conjunta de la Cámara 63, la cual propone auditar la deuda pública, tal como lo reclaman amplios sectores.
El proyecto, de ser aprobado, faculta a que, en representación del pueblo, la Oficina del Contralor podrá hacer aquellos referidos de personas que estime pertinentes, al Ministerio de Justicia, al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente o a cualquier agencia federal con jurisdicción sobre la materia.
Esto ante la sospecha de que mucha de la deuda pública sirvió para beneficio particular.
Pierluisi espera la colaboración de los legisladores del PNP, que preside, ya que se trata de medidas que no deben generar controversia y que persiguen beneficiar a los empleados públicos y para la propia eficiencia del gobierno.
‘Por eso, confío en que los legisladores de todos los partidos tengan la apertura para evaluarlas y votarles a favor en apoyo a esta gesta para el beneficio de Puerto Rico’, dijo en momentos en que la Asamblea Legislativa está fragmentada en cinco colectividades políticas.
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