La Fiscalía Regional Centro Norte, a cargo de Xavier Armendáriz, pidió formalizar al oficial por el delito de omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” ocurridos durante la revuelta que dejó miles de heridos y más de 30 muertos.
Yáñez se desempeñaba en aquel tiempo como jefe de Orden y Seguridad de esa policía militarizada y con posterioridad fue ascendido al más alto cargo de la institución.
La acusación también se extiende al antiguo director de Carabineros, Mario Rozas, y al ex subdirector, Diego Olate, ambos generales retirados.
Ante una eventual reestructuración en ese cuerpo, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, pidió esperar a que los órganos correspondientes finalmente determinen si habrá una acusación formal, antes de tomar una decisión al respecto.
“Lo que nos preocupa y el objetivo central es al mismo tiempo que la justicia avance en esclarecer los hechos”, dijo la funcionaria.
Mientras, el titular sustituto del Interior, Manuel Monsalve, afirmó que es muy difícil entrar al terreno de las suposiciones, pero en todo caso el apoyo del gobierno es a Carabineros, no a una persona.
En el Congreso Nacional el senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana, recordó que nadie está por encima de la ley y la administración de justicia no se hace a la medida de quienes pudieran eventualmente estar involucrados.
Los comentarios se refieren a una anterior solicitud de Yáñez para que los dos fiscales encargados de la investigación fuesen retirados del caso por un supuesto resentimiento contra Carabineros.
Durante el estallido social, del 18 de octubre de 2019 hasta finales de marzo del año siguiente, esa policía usó de manera indiscriminada escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de heridos, entre ellos más de 400 con trauma ocular.
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