Según precisó la FAM, el juez Enrique Lavié dio curso a dicha acción, la cual se suma a medidas cautelares solicitadas por la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores, entre otras.
El amparo de los intendentes solicita dejar sin efecto el DNU hasta tanto senadores y diputados lo analicen y comuniquen si lo aceptan o rechazan.
Desde la FAM decidimos trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno. Por eso presentamos este recurso contra el DNU que avasalla los derechos de los argentinos, explicó el presidente de ese organismo, Fernando Espinoza.
Además, afirmó que las medidas incluidas en el decreto afectan gravemente muchos aspectos de la vida de los ciudadanos, deja desprotegidos a los jubilados y atenta contra las pequeñas y medianas empresas y los productores regionales.
La FAM advierte que el DNU viola la Carta Magna “al arremeter contra el principio general consagrado por el artículo 99 inciso 3, que es la prohibición del Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo”.
Sin la intermediación del Congreso, prefirió arrogarse facultades extraordinarias equivalentes a ejercer la suma del poder público y así derogar el siguiente paquete normativo de amplia vigencia en el país, señala el texto.
Además, precisa que “constituye una amenaza cierta e inmediata sobre el sistema democrático”.
El DNU fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre y reforma o deroga más de 300 normativas, incluye la privatización de las empresas estatales, la desregulación de la economía y la reforma laboral, entre otras acciones rechazadas por miles de personas que llegaron hasta el Congreso y salieron a las calles de varias ciudades para expresar su descontento.
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