El mandatario emitió esta noche el Decreto 2-24, que deja sin efecto el de 2020, divulgado 23 días antes del traspaso de mando presidencial, y que favorecía al empresario Abraham Hazoury y el Grupo empresarial Abrisa, que opera fundamentalmente en el sector de infraestructura.
La sentencia de la SCJ dictaminó que el Poder Ejecutivo (encabezado por el entonces presidente Danilo Medina) incurrió en un exceso al formular esa orden.
La disposición 2-24 se emite luego de que el 3 de enero pasado ese órgano ordenó la paralización de la obra con la finalidad de «velar por la legalidad del cumplimiento del ordenamiento jurídico dominicano, entre otros aspectos».
La SCJ rechazó el recurso del referido Aeropuerto que buscaba invalidar la declaración que lo calificaba de lesivo al interés nacional, emitida por el Instituto de Aviación Civil y que también desestimó el proyecto tal como fue concebido y aprobado originalmente.
A esto se suma la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 12 de septiembre de 2022, que anuló la licencia ambiental que favorecía esa obra.
Miguel Valerio, abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y del Grupo Punta Cana, ponderó la decisión de Abinader y consideró que constituye un paso importante hacia la consolidación de un sistema legal más robusto y la protección de los intereses nacionales,
Asimismo, destacó la importancia de fortalecer las instituciones y la seguridad jurídica para evitar situaciones similares en el futuro.
Mientras, la Unión de Profesionales de Controladores Aéreos Dominicanos advirtió también que la operatividad del Aeropuerto Internacional en Bávaro podría representar conflictos de tránsito aéreo.
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