Este cambio constituye el primero aprobado en el Congreso en segundo debate, que pasará al Ejecutivo para su análisis y su final puesta en práctica.
El proyecto aplica una reforma al artículo 64 del Código Penal y establece que para los condenados por delitos que atentan contra bienes jurídicos que tutelan la vida, la propiedad privada de las personas, su seguridad sexual y la salud, la libertad condicional se pueda establecer hasta que hayan cumplido, efectivamente, las dos terceras partes de la pena impuesta en sentencia ejecutoria.
Actualmente, las personas condenadas por estos delitos puedan acogerse a la libertad condicional a la mitad de su pena.
Antes del primer debate, los diputados presentaron cambios a la iniciativa, entre ellas las variantes se sumaron delitos que impidan que los condenados se acojan al beneficio, entre ellos narcotráfico, robo agravado, crimen organizado, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilegal de órganos, crímenes de guerra, genocidio y abusos sexuales contra menores y personas con discapacidad.
Para los diputados, los cambios a la legislación son los que la ciudadanía exige en medio de la ola de criminalidad que vive el país.
Desde diciembre fue creada una comisión para analizar temas puntuales que ayuden a reformular leyes y se puedan poner en práctica sanciones más contundentes para quienes incurran en la criminalidad.
En su más reciente sesión de la mesa de trabajo, se acordó que a más tardar la semana entrante este grupo presentará a los máximos dirigentes de los tres poderes del Estado los borradores de propuestas de ley para que ofrezcan su aval antes de que inicien su trámite legislativo.
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