Figueroa sostuvo que el Ejecutivo respeta el principio de que la separación de poderes es esencial para la institucionalidad democrática.
Manifestó que la actual administración del presidente Luis Abinader acataría cualquier decisión emanada del Tribunal Constitucional (TC) y reiteró que la referida ley, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción, al proporcionar herramientas legales.
Un comunicado oficial señaló que el Gobierno, aunque considera que la normativa no afecta derechos fundamentales, se compromete a acatar cualquier decisión del TC frente a recursos presentados por instituciones o individuos que se sientan afectados.
En este sentido, agregó que el consultor jurídico, Antoliano Peralta, y el director de DNI, Luis Soto, se reunirán con la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio de Periodistas, la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología y otros sectores interesados para explicarles y recibir aportes.
Esta semana diversos sectores de la sociedad, principalmente políticos de la oposición, cuestionaron la nueva Ley 1-24.
Consideran que la legislación tiene intereses ocultos o que no es muy clara en su contenido, por lo que demandan del Poder Ejecutivo una modificación de la misma.
Al respecto, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, sostuvo que con esta pieza se busca otorgar poderes únicos al DNI, para actuar al margen del Ministerio Público.
En esa misma línea, el aspirante presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, la consideró “inaceptable” y adelantó que la misma “tendrá un revés de inconstitucionalidad”.
Maldonado llamó al presidente a someter su modificación al Congreso Nacional y alertó que, de no prosperar, se verán en la necesidad de proponer a los legisladores de la Alianza Rescate impulsar un proyecto con tal propósito y elevar acciones ante el TC.
Por su parte, el Colegio Dominicano de Periodistas, encabezado por su presidente, Aurelio Henríquez, hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo para señalar «las ambigüedades» en la referida ley.
Hnríquez enfatizó la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión, citando preocupaciones sobre cómo la ley actual podría vulnerar la privacidad y los derechos constitucionales de los ciudadanos dominicanos.
A esta petición se unió la Sociedad Dominicana de Medios Digitales, representada por Ramón Chávez.
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