El tema centró las deliberaciones del quinto foro organizado por la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá (Cciap) de cara a comicios generales del 5 de mayo próximo, como parte de la elaboración de la Agenda País 2024-2029.
El presidente de la Cciap, Adolfo Fábrega, agradeció en ese sentido la presencia de candidatos presidenciales, a quienes entregarán los resultados de estos debates para que enriquezcan sus programas en aras de mejorar la calidad de vida de la población y la sostenibilidad económica.
Fábrega remarcó que desde la pandemia de Covid-19 la economía opera a un ritmo menor de contrataciones y unos 30 mil empleos formales aún no se han recuperado.
También la informalidad en el mercado laboral es del 47,4 por ciento, un aproximado de 765 mil personas. Para enfrentar esta situación, dijo, es clave que el sector público-privado y trabajadores redoblen esfuerzos en la implementación efectiva de políticas orientadas a generar plazas de calidad.
El funcionario señaló además que otra de las barreras es la falta de habilidades técnicas, sobre todo de los jóvenes, lo que contribuye a la desocupación y la marginación social.
Sobre este asunto, el director de asuntos económicos de la Cciap, Manuel Ferreira, explicó que un 15,4 por ciento es el indicador del desempleo juvenil, es decir más de 84 mil personas entre 15 y 29 años que no han tenido la oportunidad.
Ferreira fustigó los bajos salarios y los incrementos en las plantillas de funcionarios públicos, lo que atenta contra el fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Estamos obligados a considerar que la falta de talento, experiencias, dominio de idiomas y la necesidad de las nuevas tecnologías son eslabones claves que debería contemplarse en las reformas a la legislación laboral, agregó.
En la cita intervinieron otros oradores sobre el futuro del empleo y el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor.
El próximo foro de la Cciap será el 7 de febrero sobre desarrollo social, tema añadido tras las masivas protestas populares de octubre y noviembre pasado contra la empresa Minera Panamá y un contrato suscrito entre el Estado y la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
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