La acción ejecutada la víspera fue muy evidente, según los especialistas, pues la legislación, aprobada por el congreso hace casi tres años, ya había pasado exitosamente el tamiz de la presunta inconstitucionalidad cuando el 7 de abril de 2022 el Pleno de la Suprema Corte la desestimó tras ser presentada por senadores de oposición.
En 2021 y parte de 2022, la batalla en el legislativo primero, y la SCJN después, fue de envergadura y se coaligaron los sectores conservadores para tratar de eliminar la ley, pero no les fue posible porque los magistrados no contaron con los ocho votos necesarios para declararla inconstitucional, y esta se mantuvo después de salvar todas esas barreras.
Todo parecía indicar que la reforma a la ley de la industria eléctrica que privilegia al Estado en la generación y distribución de energía frente a las empresas privadas, fluiría sin tropiezos, pero como la norma continúa vigente, los empresarios recurrieron a nuevos amparos con una menguada esperanza de evitar que se les aplicara dicha legislación.
Sin embargo, ayer miércoles la Segunda Sala de la Corte –ni siquiera el pleno- concedió por el margen de un voto dicho amparo, cuya gravedad radica en que sienta precedente respecto de cientos de recursos presentados contra la Reforma Eléctrica aprobada por el Congreso en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por tres votos a dos, dicha sala la declaró inconstitucional al reconsiderar que con esas normas se violan las reglas que regulan la generación y el mercado eléctrico y mayorista. Es decir, le concede a los privados un amplio margen en la gestión de distribución y comercialización del servicio en detrimento del sector público.
Según los entendidos, dicho voto no debió de haber ocurrido luego de que un ministro, Javier Laynez, se excusó de votar en este caso, lo cual aprovechó el ministro presidente de la sala, Alberto Pérez Dayán, para invocar el denominado “voto de calidad” el cual ejerció él mismo en favor del amparo y rompió un empate a dos por los sufragios en contra de las ministras oficialistas Yasmín Esquivel y Lenia Batres.
Lo más indignante, según sectores oficialistas, es que un solo magistrado, Pérez Dayan, impusiera la impugnación a una ley congresal bajo un argumento basado ni más ni menos en la reforma en materia energética de 2013 decretada por el expresidente Enrique Peña Nieto para privatizar el sector.
El presidente de la sala alegó que estimaba inconstitucional la ley de 2021, a tenor de la Constitución Federal en su texto derivado de la reforma en materia energética de 2013, y todo, según ese magistrado, en nombre de la libre concurrencia la cual fue la base de la privatización de esa industria estratégica nacional.
En palabras más claras: la ley de 2021 estableció un nuevo orden de prelación en el despacho de energía eléctrica, que constituye el mecanismo mediante el cual se decide qué centrales generadoras de electricidad inyectan primero su energía a la red nacional, en este caso la prioridad se le dio a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Curiosamente, la decisión de Pérez Dayan coincide con una reclamación de Larry Rubin, presidente de la American Society -quien recibió esta semana a la candidata presidencial derechista Xochitl Gálvez- de que los compromisos suscritos en materia de energía en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) deberán ser analizados en la revisión del acuerdo comercial, pues no se han cumplido y genera disputa.
Y sin esconder mucho sus intenciones contrarias al gobierno, opinó que “hay que apretar tuercas en algunos sentidos”, no por los empresarios mexicanos sino por temas que han pasado en la política, particularmente nacional, que hay que revisar y son las discrepancias que existen entre México y Estados Unidos.
Se espera que la CFE y las instancias judiciales del ejecutivo, respondan a la decisión tomada por la Sala Segunda de la Corte en esta nueva escalada en el enfrentamiento de esos dos poderes del Estado.
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