A juicio del relator especial Francisco Calí Tza, la normativa podría afectar negativamente los territorios ancestrales en la Amazonía peruana así como legalizar e incentivar el despojo de sus tierras.
Esas reformas parecen ignorar que el despojo territorial es el motor de la violencia contra los líderes indígenas e implica un retiro del Estado en las zonas rurales, advirtió.
“Aproximadamente un tercio de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana no han recibido la titulación de sus tierras, dejándolos inseguros y vulnerables ante terceros” remarcó.
Por tanto, el Estado sudamericano todavía tiene obligaciones pendientes por cumplir en cuanto al reconocimiento legal y la seguridad de esos territorios, aseveró en un comunicado el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
A pesar de que la ley menciona explícitamente a comunidades nativas y campesinas, así como a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, Calí Tza alertó que el texto no ha sido sometido a un proceso de consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado de esas poblaciones.
Al mismo tiempo, agregó, en el nuevo marco la tala y la desforestación serían legalizadas, actividades que constituyen crímenes bajo el Código Penal.
El relator calificó de preocupante el fomento de la tala en el Amazonas al recordar los altos niveles de deforestación en la región peruana en los últimos años.
Esta situación podría aumentar aún más la presión sobre los territorios indígenas, sobre su integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual, añadió.
Al mismo tiempo consideró un retroceso en la gobernanza forestal del país la política de ignorar las amenazas, ataques y asesinatos de defensores indígenas y ambientales, que se oponen a actividades ilícitas en los bosques de sus territorios.
De acuerdo con el experto, en los últimos años, 33 líderes indígenas han sido asesinados, incluyendo el líder del pueblo kichwa, Quinto Inuma,
El 10 de enero, el Congreso peruano dio luz verde a la autógrafa que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a pesar de las advertencias de que la normativa podría facilitar y legalizar la tala de bosques en la Amazonía peruana.
“Este vacío es llenado por grupos criminales dedicados a la tala ilegal, la minería informal y el narcotráfico, promoviendo economías ilegales que destruyen el tejido social y socavan las instituciones públicas”, apuntó al respecto el relator de Naciones Unidas.
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