El Fiscal coordinador de la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público, Luis Diego Hernández, confirmó que existe una investigación penal abierta para indagar qué ocurrió con la contaminación del agua con el disolvente xileno, que afectó a pobladores de los cantones de Tibás, Moravia y Goicoechea, y determinar si hubo o no delito.
Hernández resaltó que la decisión se tomó por ser un evento muy relevante para la sociedad, donde el daño colectivo es de gran magnitud.
En entrevista al programa radial Frecuencia MP, que reproduce Semanario Universidad, el funcionario destacó que la sustancia fue identificada como xileno, lo cual les permite seguirle el rastro a la contaminación en un asunto tan complejo.
Si se confirma la conducta ilícita, dijo Hernández, se puede estar ante un caso de contaminación directa o indirecta.
Se consideraría directa si existe una mano criminal que dispuso que se vertiera esa sustancia en las aguas, inmediatamente antes de ingresar en la Planta Potabilizadora, en Ipís de Guadalupe, o en alguno de los afluentes que alimentan dicha planta; es decir los ríos y las quebradas, precisó.
Mientras, que sería una contaminación indirecta si mediante un proceso de percolación la sustancia se filtró en los mantos acuíferos que alimentan dichas tomas o en los ríos y áreas de protección de esos cuerpos de agua, detalló.
Si hablamos de una contaminación directa, nuestro Código Penal es bastante severo, señaló el fiscal. Existe una conducta que se denomina contaminación de aguas destinadas al consumo humano.
La Fiscalía tampoco descarta que se esté ante un incumplimiento de deberes o una conducta negligente en el tratamiento de las aguas por parte de Acueductos y Alcantarillados (AyA), encargada de operar la Planta.
El fiscal indicó que la identificación de la sustancia y del lugar donde se dio el foco de contaminación permite seguirle el rastro.
“El xileno es un precursor que se usa en la industria para producir cuero, cuadernos, libros, incluso hasta en la producción del fentanilo, que es una droga que en este momento amenaza a la sociedad costarricense”, acotó.
La Fiscalía ya está solicitando informes de lo acontecido al AyA, a los laboratorios de la Universidad de Costa Rica (UCR) y a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que les conduzcan por la ruta del contaminante.
Hernández también mencionó que solicitarán informes médicos a la Caja Costarricense de Seguro Social de personas que acudieron a centros de salud para ser atendidos por afectaciones, debido a la ingestión o consumo de agua contaminada.
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