El diario, citando fuentes españolas, indica que son procesadas por el espionaje ilegal que diseñaron para impedir una operación empresarial entre 2011 (gobierno de Vicente Fox) y 2012 (inicio de Calderón), que consistía en la alianza estratégica entre la paraestatal mexicana Pemex con la constructora ibérica Sacyr para hacerse con el control ejecutivo de Repsol.
La operación, impulsada desde México por los exdirectores de Pemex, Juan José Suárez Coppel y Emilio Lozoya Austin, fracasó y se saldó con la virtual salida de la para estatatal mexicana del accionariado de Repsol, de la que actualmente sólo posee un testimonial 1,69 por ciento, añade el diario.
Entre 2011 y 2012 hubo una guerra abierta entre algunas de las empresas y los ejecutivos más relevantes y poderosos en España. En medio de la batalla estaba Pemex. Primero con el beneplácito del presidente Felipe Calderón y después con el impulso tanto de Lozoya Austin como de su entonces jefe, Enrique Peña Nieto, agrega.
Pemex y Sacyr, con su entonces presidente Luis del Rivero al frente, buscaban controlar más de 30 por ciento de las acciones de Repsol.
Pero la operación fracasó y provocó la destitución fulminante de Del Rivero, quien fundó la compañía, la cual estaba hipotecada con una deuda multimillonaria con la banca, y la salida abrupta y traumática de Pemex del accionariado de Repsol.
La Jornada señala que ahora la justicia investiga las triquiñuelas que utilizaron Antonio Brufau, todavía presidente de Repsol, e Isidro Fainé, actual máximo ejecutivo de CaixaBank, para impedirla.
Sobre todo la justicia tiene el ojo puesto en la contratación de los servicios del excomisario de policía, José Manuel Villarejo, un oscuro personaje que ha realizado trabajos ilegales de espionaje para numerosos líderes políticos, empresarios y medios de comunicación.
Un juez hispano citó a declarar el próximo 26 de julio ante el juzgado a los dos ejecutivos españoles, que deberán responder sobre los numerosos y sólidos indicios, avalados además por una profusa investigación de la Fiscalía Anticorrupción española, que confirmarían el espionaje que utilizaron para impedir la operación de Sacyr y Pemex.
La comparecencia se suma a la imputación como personas jurídicas tanto de Repsol como de CaixaBank, que se suman así a Iberdrola, como la otra gran transnacional española imputada por este tipo de prácticas ilegales.
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