El desarme se produjo en dos grupos, uno de 250 personas y otro de 100, dentro de los cuales se encontraban 10 mujeres, según el administrador provisional de Ubundu, Umolelay Mungabamba.
Tras el pedido de perdón a la población y a las autoridades provinciales, así como la solicitud de clemencia para sus compatriotas encarcelados en la prisión central de Kisangani, los milicianos entregaron armas de fabricación local, machetes, lanzas, arcos y flechas, los cuales fueron quemados públicamente.
El ministro provincial de Interior y Seguridad, Jean Norbert Lokula Lolisambo, declaró que todos habían sido identificados y autorizados a regresar a sus pueblos, y que la jerarquía decidiría sobre su proceso de reinserción.
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