La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del ente investigativo señaló a Alejandra Chiroy, exdirectora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos del órgano rector de los comicios, por la posible comisión del delito de abuso de autoridad.
La investigación llamada Corrupción Semilla, actualmente aún bajo reserva, presume que la exfuncionaria incurrió en ciertas acciones ilegales en el proceso de los sufragios del 2023.
La FECI en julio del año anterior allanó la sede del partido del ganador y del TSE luego, en lo que analistas y organizaciones sociales, calificaron de clara maniobra de persecución política.
El MP al revelar detalles de esa pesquisa acotó que recibió una denuncia de un ciudadano por su adhesión a Semilla en 2018 y por ello halló elementos de supuestas irregularidades en la constitución de esa fuerza.
Organizaciones ancestrales impulsaron desde el 2 de octubre último hasta la toma de posesión de las autoridades electas protestas en el país tras las acciones continuadas del MP, considerado un instrumento del Pacto de Corruptos, contra Semilla y el TSE.
A pesar de la exigencia de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo Penal Fredy Orellana, estos mantienen el pulso contra el partido oficial.
Ligaron a proceso hace par de días a cuatro trabajadoras del TSE por la supuesta autorización de la inscripción de Semilla, incumplimiento de deberes, pues hubo firmas falsas en las actas de afiliación.
Las vinculadas son Luz Elena de León, quien cumplía una función técnica; Jenifer Mireya Estrada, oficinista V; Alma Beatriz Posadas, oficinista I; así como Katherine Johanna Quezada, auxiliar de servicios.
Orellana también el 13 de febrero ordenó a la FECI abrir una investigación contra la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal.
El partido oficialista Semilla, declarado independiente por el caso Currupción Semilla, aparece sin presidir alguna de las 34 Comisiones de Trabajo del Congreso (unicameral) de Guatemala y enfrenta otros obstáculos a su gestión.
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