Esa decisión va en contra de los principios básicos del Estado de derecho y aumenta el riesgo de asestar un «grave golpe» a los derechos humanos, advirtió el representante.
“Es profundamente preocupante excluir a un grupo de personas, o a personas en una situación particular, de la igual protección de la ley; esto es la antítesis de una justicia imparcial, disponible y accesible para todos, sin discriminación”, agregó en un comunicado divulgado por su oficina.
El proyecto de ley de Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración) podría facilitar la pronta expulsión de los solicitantes de asilo a Ruanda incluso eliminando drásticamente la capacidad de los tribunales para examinar las decisiones de expulsión.
La normativa exige que todo “tomador de decisiones” -ministro, funcionarios de inmigración o un tribunal- trate de manera concluyente a Ruanda como un “país seguro” en términos de protección de refugiados y solicitantes de asilo contra la devolución, independientemente de las pruebas que existan ahora o puedan existir en el futuro.
A juicio de Türk, corresponde a los tribunales decidir si las medidas adoptadas por el Gobierno desde el fallo del Tribunal Supremo sobre los riesgos en Ruanda son suficientes.
A la par de su alerta, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados coincidió en que el instrumento no es compatible con el derecho internacional de esos grupos poblacionales.
El proyecto de ley también reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales para examinar las decisiones de deportación al tiempo que restringe sustancialmente la aplicación de los derechos humanos
Igualmente, deja a discreción la implementación de órdenes de protección provisionales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son internacionalmente vinculantes para el Reino Unido, añadió el alto comisionado.
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