En la acusación se hizo referencia al colapsado sistema sanitario del enclave, en el cual sólo 12 de los 36 hospitales con capacidad de hospitalización siguen funcionando parcialmente.
“Las enfermedades proliferan. La hambruna acecha. El agua escasea. Las infraestructuras básicas están diezmadas. La producción de alimentos se ha paralizado. Los hospitales se han convertido en campos de batalla. Un millón de niños sufren traumas diarios”, afirmaron en una declaración conjunta.
En el texto subrayaron cómo la ciudad de Rafah, donde se concentra más de un millón de personas desplazadas, se ha convertido en otro campo de batalla de este brutal conflicto.
“Una nueva escalada de violencia en esta zona densamente poblada causaría víctimas masivas. También podría asestar un golpe mortal a una respuesta humanitaria que ya está de rodillas”, destacaron.
La declaración precisó que más de tres cuartas partes de la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares, en muchos casos varias veces, y se enfrenta a una grave escasez de alimentos, agua, saneamiento, asistencia sanitaria y necesidades básicas para sobrevivir.
A pesar de que los trabajadores humanitarios, enfrentados de igual forma a bombardeos, muertes, restricciones de movimiento y una ruptura del orden civil, continúan esforzándose por atender a los necesitados.
Los organismos denunciantes señalaron que hay demasiados obstáculos, como las restricciones de seguridad y circulación para ofrecer la ayuda humanitaria necesaria.
Asimismo, instaron a Israel a que cumpla su obligación legal, en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, de proporcionar alimentos y suministros médicos y facilitar las operaciones de ayuda, y a los líderes mundiales que impidan que se produzca una catástrofe aún peor.
npg/crc
