Esa es la filosofía definida desde un principio por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insiste que su postura es en contra de iniciar algún proceso judicial contra sus antecesores, pero aclara será la gente la encargada de decidir porque es importante impulsar la democracia participativa.
Al mismo tiempo, critica que el porcentaje para hacer vinculante los resultados de la consulta es demasiado alto, pues se requiere el 40 por ciento del padrón electoral (37 millones de más de 93 millones de votantes) para enjuiciarlos.
El proceso para llegar hasta este momento fue largo, se inició antes de la pandemia de Covid-19, requirió de varios meses de sesiones en el congreso con vistas a modificar el articulado de la Constitución, someterlo a los parlamentos locales y batallar en el Instituto Nacional Electoral de cara a su implementación.
Adicionalmente las críticas en contra de los expresidentes del Partido Acción Nacional Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes no paran de protestar, pues los otros tres, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto, no han hecho bulla.
Dicha consulta, además, llega al elector mediatizada, pues la pregunta original presentada por el presidente López Obrador, fue sustituida por otra que tiene poco que ver con ella, elaborada y aprobada por la muy cuestionada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La presentada era muy clara: ‘¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?’.
Por su parte, la de la SCJN le quitó todo su sentido sustentador y no solamente los nombres de los exmandatarios:
‘¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?’.
López Obrador respondió lo importante es que la nueva pregunta no pudo eliminar la esencia de la consulta: que el pueblo decida si un expresidente puede ser juzgado.
Los cinco expresidentes son quienes cumplieron el ciclo de 32 años de neoliberalismo en México y se les cuestiona ceder soberanía, entregar el patrimonio público al sector privado en particular el extranjero, causar graves daños económicos a la nación, caer en actos de corrupción, y muchísimos más.
La consulta será el domingo 1 de agosto y hay dudas acerca de una participación masiva. El presidente López Obrador denuncia que el INE hizo todo lo posible para disminuir sus alcances, bajarle el diapasón a la publicidad, y no desplegar la cantidad necesaria de colegios con vistas a limitar la asistencia.
Es casi imposible que los guarismos del 1 de agosto alcancen las cimas necesarias para convertir sus resultados en vinculantes, aunque muchos observadores consideran que los mandatarios cuestionados saldrán muy mal moralmente por el convencimiento de la gente de su corrupción.
Hay coincidencias en que el referendo es importante e invita a reflexionar sobre un modelo de transición con estos ejercicios de democracia directa que permitan garantizar justicia y derechos de las posibles víctimas de la impunidad presidencial.
En ese sentido, aunque los resultados no sean vinculantes, según las perspectivas las cuales, además, están lejos de ser conclusivas, el plebiscito del 1 de agosto debe emerger como una enseñanza moral y un freno para que futuros gobiernos no vuelvan a caer en vicios de corrupción, como señaló López Obrador.
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