La legislación adoptada por el Parlamento 18 de octubre de ese año promueve políticas públicas específicas para garantizar los derechos humanos de la población transgénero a una vida libre de discriminación y estigmatización.
Además de establecer mecanismos de prevención, atención, protección y promoción garantiza reparación económica para personas nacidas con anterioridad al 31 de diciembre 1975 que acrediten en forma fehaciente que por su identidad de género fueron privadas de libertad y sufrieron daño moral o físico.
También comprende ‘el impedimento del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado’ entre sus artículos.
Una Comisión Especial Reparadora conformada en junio de 2019 con representantes de organismos públicos y de la sociedad civil se ocupa de recibir y analizar solicitudes de pensiones que hasta ahora suman 198.
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