El proyecto de Código de Aguas, que lleva una década ‘durmiendo’ en el Congreso Nacional debido en buena medida a presiones de grandes intereses económicos privados, volvió este miércoles al Senado para su análisis en general.
El texto pretende dar prioridad al consumo humano, la seguridad alimentaria y conferirle al agua la connotación de recurso de uso público, como un derecho de todos.
Asimismo le conferiría mayores atribuciones a la estatal Dirección General de Aguas (DGA) para controlar el uso de manera sustentable de los recursos hídricos del país, cuya explotación está mayormente en manos privadas.
Desde hace más de una década Chile padece una violenta sequía como efecto del cambio climático, que mantiene en emergencia hídrica a una gran cantidad de municipios, sobre todo en la zona central, que concentra las zonas agrícolas más importantes.
Pero se agrava debido al uso desmedido del líquido por las actividades de la minería y las grandes plantaciones exportadoras, que consumen más del 90 por ciento del agua disponible, lo que ha devenido en una crisis hídrica.
El problema alcanza ya tal magnitud que, según estudios de opinión, más del 80 por ciento de la población considera que la Convención que redactará la nueva Constitución debe plasmar en la carta magna el acceso al agua como un derecho.
En la sesión de este miércoles la presidenta del Senado, Yasna Provoste, recordó que el Código de Aguas vigente, que data de 1981, ‘ha sido ampliamente cuestionado por expertos y una gran mayoría del pueblo de Chile’.
Por su parte, el socialista Juan Pablo Letelier insistió en que ‘la exacerbación del mercado en esta área ha producido tremendas distorsiones’, mientras que desde el Gobierno el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, presente en la sesión, opinó que el proyecto ‘no resuelve todo, pero es un pilar importante’.
El asunto es seguido también por organizaciones ecologistas, y Matías Asún, director de Greenpeace en Chile, advirtió hace poco que ‘sólo si se considera la desertificación, casi el 38 por ciento de los habitantes de Chile están directamente afectados’.
Ello requiere –subrayó- ‘un abordaje integral, reconociendo la crisis climática y la injusticia que se agrava cuando hay dueños del agua y quienes sufren su escasez’.
Un estudio de la Universidad Católica señala que Chile es el único entre 92 países, cuya Constitución consagra la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas.
En tanto, la investigación de la Universidad de Chile ‘Actualización del Balance Hídrico Nacional’ reveló que la disponibilidad de agua dentro de 10 años se reducirá al 50 por ciento, por la disminución de los caudales de los ríos y aumento de las temperaturas.
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