Preguntado en la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional sobre el escándalo de la empresa israelí NSO Group y su programa Pegasus vendido exclusivamente a gobiernos para espionaje telefónico, estimó que el asunto debería estar presente en la consulta del 4 de agosto sobre si se juzga o no a cinco expresidentes acusados de corrupción y entregar el país al capital extranjero.
Explicó que el Instituto Nacional electoral le prohibía hablar de esos asuntos por considerarlos propaganda, pero insistió en su criterio sobre el escándalo protagonizado por Calderón y Peña Nieto.
Informaciones del escándalo indican que el gobierno de Peña Nieto pagó a la empresa israelí 32 millones de dólares por el software mediante el cual fueron controlados 15 mil teléfonos de políticos, periodistas y otras personalidades mexicanas.
Reveló que había enviado una iniciativa al congreso para que las autoridades competentes actúen a fin de que se respeten los derechos humanos y de manera democrática los ciudadanos decidan.
Estimó que la consulta popular es un buen método, es decir, preguntar a la gente, no conformarse con la democracia representativa y avancemos hacia la participativa como he estado insistiendo desde hace 20 años, reiteró.
Ha sido solamente ahora que podemos llevar a cabo esta forma de gobernar, con la gente, mandar obedeciendo, y usando todos esos instrumentos legales que se tienen y ayudan mucho porque significa un respaldo de los ciudadanos, una manera de escuchar al pueblo y constatar así, de manera directa, si están o no de acuerdo con lo que hacemos, no dejarle todo a la autoridad.
La consulta popular propuesta por el mandatario, según explica él mismo, no tiene el propósito de llevar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a los tribunales por los delitos de corrupción de que se les acusa, pero si el pueblo decide lo contrario hay que cumplir la voluntad popular.
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