En una carta enviada al Consejo del Ministerio Público, el CARD expresó su preocupación por el congestionamiento de las prisiones y considero imprescindible establecer un mecanismo de fiscalización y conteo automático, el cual permita que la puesta en libertad opere de manera automática justo en el tiempo en que la pena es cumplida.
Según el presidente del Colegio, Miguel Surun, no debe cargarse al privado de libertad o a sus familiares la justificación de la privación de libertad -como ocurre actualmente-, porque eso debe corresponder al Estado.
‘El Estado dominicano es deudor de las garantías constitucionales en favor de todos los privados de libertad, lo que obliga a protegerlos y, por ende, deben implementar las medidas de urgencias para garantizarles ese derecho’, precisó.
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