El objeto de la iniciativa es preservar la vida la salud y el ambiente de todos los habitantes del territorio nacional frente a los riesgos que representa la exposición a este producto y sus diferentes derivados ‘al ser este herbicida un componente de lucha contra las drogas ilícitas’, explicaron.
El glifosato es significativamente riesgoso para la salud humana porque aumenta las probabilidades de contraer cáncer, enfermedades respiratorias, dermatológicas y de tener abortos espontáneos, de acuerdo con diversos estudios.
El herbicida afecta negativamente los ecosistemas, sobre todo al degradar sus fuentes hídricas y atenta contra las tradiciones culturales de las comunidades indígenas y campesinas; en especial, con el uso ancestral de la hoja de coca.
Está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una sustancia probablemente cancerígena para los humanos, desde el 2015.
Colombia suspendió ese año la aspersión aérea del herbicida tras acogerse a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que alertó de los potenciales daños que puede generar el químico en las personas y el medio ambiente.
Sin embargo, el 12 de abril pasado el presidente Iván Duque firmó un decreto que regula la aspersión de glifosato para acabar con los cultivos ilícitos en todo el país.
Para justificar esa decisión señaló que es necesario restablecer la fumigación aérea con el químico para disminuir los cultivos de hoja de coca, la producción de cocaína y, a su vez, dejar sin financiación a los grupos armados ilegales y reducir las altas cifras de masacres y los asesinatos de líderes sociales en el país.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) durante 2019 se registró una reducción del 9,0 por ciento en el área de cultivos de coca sembrados en Colombia.
Sin embargo, el informe de la UNODC advirtió que ese año el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura se estimó en mil 137 toneladas métricas, un aumento de 1,5 por ciento.
Por su parte, el 25 de junio, pasado la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos emitió su informe sobre cultivo de coca y producción potencial de cocaína en tres países de la región andina, en el cual señala un aumento récord en Colombia, cercano a 15 por ciento en el último año.
Campesinos y excombatientes guerrilleros demandan al gobierno que se cumpla la sustitución de esos cultivos, a partir de una reforma real en la agricultura.
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