La Asamblea Legislativa Plurinacional comenzó este viernes los preparativos de un juicio contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por daños económicos ocasionados al aceptar el pasado año un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 346,7 millones de dólares para supuestamente enfrentar la pandemia de la Covid-19.
El anticipo, calificado de oneroso por las condiciones financieras impuestas según expertos, fue gestionado por Áñez sin la aprobación del Parlamento y devuelto el miércoles por el Banco Central de Bolivia (BCB) con costos adicionales de 24,3 millones de dólares.
La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados acusó en aquel momento al Ejecutivo de facto de actuar de manera irresponsable por no enviar la documentación completa sobre el contrato del crédito, las condiciones de financiamiento, la capacidad de endeudamiento y pago, entre otras informaciones financieras.
Un comunicado del BCB reveló que la devolución del monto prestado ascendió a 351 millones de dólares por las comisiones e intereses aceptados por el Ejecutivo golpista, las cuales constituyen una violación de los artículos 158 y 322 de la Constitución y otras normas conexas vigentes.
Sobre el tema, Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior, afirmó a radio Patria Nueva que Áñez pretendía pagar cuatro veces más de lo que realmente cuestan las vacunas contra la Covid-19 para inmunizar a la población.
‘A través de una negociación bilateral hemos logrado precios realmente accesibles, hemos negociado directamente con las fábricas y, haciendo un cálculo de lo que es el préstamo del FMI, en realidad las vacunas para toda la población boliviana no son ni la cuarta parte de ese dinero’, enfatizó Blanco.
Pese a las gestiones del gobierno del presidente, Luis Arce, para frenar la propagación de la Covid- 19 en el país, el Colegio Médico de Bolivia convocó a un paro nacional desde el 18 de febrero y hasta el día 28 del propio mes para exigir la derogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, promulgada el miércoles pasado.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, insistió en el diálogo e invitó a representantes del colegio a ser parte de la normativa y resolver las diferencias que actualmente son motivos para la suspensión de los servicios de salud.
‘Algunos dirigentes del Colegio Médico insinúan totales intereses políticos, pero las bases en provincias y departamentos están de acuerdo en llevar adelante con normalidad su trabajo’, aseguró Rodríguez.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, calificó la decisión del Colegio de una medida de presión lesiva para los derechos fundamentales de acceso a la atención médica.
En declaraciones a un canal televisivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aclaró que el pedido de los médicos para abrogar la Ley de Emergencia Sanitaria vulnera derechos constitucionales de salud y la vida.
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