En la orden emitida por el comisario de Gobierno, Claude Bed-Ford, acusa a la magistrada de robo a mano armada y asesinato, y pide a la Dirección Central de la Policía Judicial tomar todas las medidas necesarias para llevar a la letrada ante la justicia.
Coq fungió como jueza de Casación, la mayor instancia judicial del país, hasta febrero pasado, cuando el asesinado mandatario la jubiló forzadamente y la acusó de complot de magnicidio.
Junto a la magistrada, Moïse retiró también a los jueces Yvickel D. Dabrésil, y Joseph Mécène Jean Louis.
Dabrésil fue arrestado el 7 de febrero y luego liberado con el cargo de conspiración contra la seguridad interna del Estado, junto a una veintena de personas.
Por su parte, Mécène fue nombrado por la oposición para liderar el gobierno interino de dos años, y en su discurso trasmitido por redes sociales dio por terminado el mandato presidencial de Moïse.
Tras el ataque a la residencia presidencia el 7 de julio, en el cual murió el exgobernante y su esposa Martine Moïse resultó herida, una coalición de organizaciones y partidos políticos propusieron a Coq como presidenta provisional.
De acuerdo con el más reciente balance de las investigaciones, al menos 26 personas están detenidas por sospechas de participar en el magnicidio, entre ellas 18 de nacionalidad colombiana.
Presuntamente, el comando armado que ultimó al presidente estaba integrado por 26 colombianos y dos haitianos-estadounidenses, mientras que el médico Enmanuel Sanon está acusado de ser uno de los autores intelectuales.
Varias empresas con sede en Miami, Estados Unidos, son señaladas por contratar a los ‘mercenarios’ y financiar la operación.
De igual manera, el Gobierno de Estados Unidos reconoció que entrenó a seis sicarios cuando aún pertenecían al ejército regular de Colombia, y la Administración de Control de Drogas admitió que uno de los miembros del comando trabajó como informante de la agencia federal.
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