En escrito a la Dirección de Inmigración y Emigración, el comisionado de Gobierno Claude Bed-Frod detalló que la magistrada no puede abandonar le país por vía aérea, marítima o terrestre ‘por sospechas graves de asesinar al presidente de la República’.
Coq Thelot está sujeta a un aviso de búsqueda, y acusada de asesinato, intento de asesinato y robo a mano armada. La orden de la Policía advierte que es ‘peligrosa y está armada’.
No obstante, el abogado Edwin Coq, denunció la manipulación para intentar ‘mancillar la imagen y reputación de la jueza’.
Según el letrado, quien es hermano de la acusada, la jueza es miembro del Tribunal de Casación, al impugnar el decreto del 8 de febrero de 2021 que la pone en retiro. ‘Su condición de magistrado permanece. Sólo es justiciable ante el Tribunal Superior de Justicia’, según la Constitución vigente, aseguró.
A inicios de febrero Moïse jubiló de manera forzosa a la magistrada, y a los jueces Yvickel D. Dabrésil, y Joseph Mécène Jean Louis, por su presunta participación en un intento de magnicidio.
El decreto generó intensas críticas en el sistema judicial, que se mantuvo en huelga por varios meses en protesta contra la medida, a la cual calificaron de ilegal e inconstitucional.
Tras el ataque a la residencia presidencia durante la madrugada del 7 de julio, en el cual murió el exgobernante y su esposa Martine Moïse resultó herida, una coalición de organizaciones y partidos políticos propusieron a Coq como presidenta provisional.
Según el más reciente balance de las investigaciones, al menos 27 personas están detenidas por sospechas de participar en el magnicidio, entre ellas 18 de nacionalidad colombiana, cinco estadounidenses nacidos en Haití y dos policías.
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