Hace horas la bancada de partidos oficialistas, por discrepancias internas, desistió de llevar adelante una directiva emanada de la presidencia de la República, de descapitalizar una de las instituciones uruguayas más emblemáticas de décadas de funcionamiento.
La justificación gubernamental para retirarle al INC 30 millones de dólares fue dedicarlos a la regularización de los asentamientos en terrenos suburbanos de familias con viviendas precarias insalubres que se extendieron en los últimos años en Montevideo.
Desde el opositor Frente Amplio surgieron críticas, y entre ellas la del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, sobre lo irrisorio de la cifra para un problema de tal magnitud y apuntó que ‘están desvistiendo a un pobre para mal vestir a otro’.
El expresidente de Uruguay José Mujica lo consideró un error a largo plazo para las exigencias del país y alegó que el 50 por ciento más o menos de la producción lechera trabaja con tierras arrendadas por INC, manejadas por el Estado que tiene consideración en momentos de crisis a diferencia del interés privado.
Antes la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines de Uruguay rechazó la propuesta del gobierno de derivar fondos dedicados a la adquisición de tierras agrícolas, para ‘desmantelar una herramienta de desarrollo que trata de generar justicia social entre las familias pobladoras del campo’. .
Según difundió ‘cada año, mil 300 familias rurales, productores familiares y sus organizaciones postulan a un pedazo de tierra para vivir, trabajar, producir alimentos, defendiendo su identidad cultural y el medio ambiente, pero sólo 120 de esas familias aspirantes acceden a la tierra’.
Las autoridades del Instituto Nacional de Colonización reclamaron mayor presupuesto ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y aseguraron que para 2022, el instituto ‘habrá culminado la adjudicación de todas las tierras que tenía en su cartera’.
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