El caso de Campillai se convirtió en uno de los máximos ejemplos de la desmedida represión de las fuerzas policiales en Chile tras el llamado estallido social del 18 de octubre de 2019, y de la lentitud de las autoridades en tomar medidas ante las violaciones de los derechos humanos.
Según se conoció, la fiscal del caso, Paola Zárate, pidió esa medida en sustitución del arresto domiciliario total a que estaba sometido el imputado Patricio Maturana, así como el cierre de la investigación para avanzar en el juicio oral.
En noviembre de 2019 en uno de los tantos días de manifestaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera en esta capital, un grupo de las fuerzas especiales de Carabineros le disparó a Fabiola Casmpillai una bomba lacrimógena que le impacto directamente en la cara.
La joven no estaba participando en protesta alguna, sino en una parada de ómnibus esperando el transporte para acudir a su trabajo, y como consecuencia del disparo estuvo días al borde de la muerte, y aunque se salvó, quedó ciega y con lesiones neurológicas irreversibles.
Maturana, quien le lanzó la lacrimógena, solo fue detenido en agosto de 2020 y quedó en prisión preventiva, pero pocos días después un tribunal de apelaciones revocó esa medida y lo dejó en arresto domiciliario total.
El ex uniformado fue formalizado por el delito de lesiones graves gravísimas en contra de Campillai.
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