Esta capital fue escenario, sobre todo el jueves y el viernes, de duros enfrentamientos entre cientos de manifestantes y fuerzas especiales de carabineros, que se saldaron con un número indeterminados de detenidos y varios lesionados, entre civiles y uniformados.
Las protestas fueron convocadas por organizaciones de familiares de los detenidos y movimientos sociales y políticos, para demandar la liberación de esas personas que según algunas fuentes son cientos, aunque el Gobierno no ha dado una cifra precisa.
También durante los últimos siete días, la comisión de Constitución del Senado sesionó para analizar un proyecto de indulto presentado a principios de año por legisladores de oposición, entre ellos la presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste.
Según el presidente de esa comisión, senador Pedro Araya, la próxima semana ‘tomarán definiciones’, tras consultar a abogados especializados en el tema.
El Gobierno ha rechazado reiteradamente las peticiones de libertad argumentando que esos detenidos cometieron delitos y por ello fueron sentenciados por los tribunales.
Pero las familias denuncian que la mayoría han sufrido prisión preventiva por un tiempo excesivamente largo, sin ser procesados judicialmente por falta de pruebas en su contra.
Señalan también que deben ser considerados presos políticos, porque fueron reprimidos y detenidos por ejercer su derecho a manifestarse, y por ello insisten en que debe haber libertad, justicia y reparación por los daños causados a esas personas, la mayoría jóvenes.
Además denuncian el contraste con la impunidad prevaleciente en los casos contra uniformados que cometieron violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Precisamente, el miércoles un tribunal de garantía ordenó prisión preventiva para el excarabinero que disparó una bomba lacrimógena en diciembre de 2019 a la joven madre Fabiola Campillai, dejándola ciega y con otras graves secuelas.
El imputado, Patricio Maturana, fue detenido solo ocho meses después y desde entonces permanecía en prisión domiciliaria.
El fallo fue visto por la opinión pública como una acción correcta pero tardía de la justicia, que duró poco, pues este viernes un tribunal de apelaciones le dio marcha atrás, lo cual generó fuertes críticas en amplios sectores que lo calificaron como ejemplo de la impunidad reinante en el país.
Paralelamente, se vivió un avance hacia cierta normalidad con la apertura de las escuelas y de las fronteras en forma parcial, entre otras medidas que generan controversia, pues especialistas alertan del riesgo de rebrotes de Covid-19 si baja el rigor del control sanitario.
En tanto, siguieron las largas filas de cientos de personas en los centros de vacunación para poder acceder a las dosis, que escasean desde la semana anterior, aunque el Ministerio de Salud aseguró que esa situación se resolverá pronto con la llegada de más vacunas al país.
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