Su coordinador, Piere Esperánce, criticó en una entrevista radial que el gobernante partido Tet Kalé aprovecha la situación actual para perseguir a sus opositores políticos y crea un clima de miedo en el país.
‘Veintiséis días después (del asesinato) un comisario del Gobierno no puede enviar órdenes de detención y emitir prohibiciones de salida contra personas’, dijo a Alter Radio, en referencia a los edictos del Ministerio Público.
La justicia de Puerto Príncipe dictó órdenes de aprehensión contra Liné Balthazar, coordinador del partido gobernante Tet Kalé, el ex primer ministro Paul Denis, los pastores Gérald Forges y Gérald Bataille, y el empresario Samir Handall.
Antes la Fiscalía solicitó a la policía el arresto de la exjueza de la Corte de Casación Wedelle Coq, presuntamente vinculada al archivo.
Sobre todos pesan acusaciones de asesinato, intento de asesinato y robo a mano armada, en el marco de las investigaciones del magnicidio.
El abogado y portavoz del opositor Sector Democrático y Popula, André Michel, denunció supuesto abuso de poder y actos de violación de la ley en la tramitación del expediente por parte del fiscal Claude Bed-Ford.
‘Las máximas autoridades están obligadas a sancionarlo para no asumir la responsabilidad’, aseguró Michel en sus redes sociales.
El también letrado Samuel Madistin criticó recientemente el accionar de la Policía durante la investigación y cuestionó que el caso aún no esté en manos de un juez de instrucción.
Igualmente, denunció que los agentes interrogan a los detenidos durante 15 o 20 días sin la presencia de sus abogados.
Moïse murió baleado en su residencia y durante el ataque su esposa resultó gravemente herida, mientras no se constataron lesiones en los guardias de seguridad presidencial.
Hasta la fecha la Policía arrestó a 44 personas, de ellas 18 de nacionalidad colombiana.
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