Casi un mes después del magnicidio ocurrido el pasado 7 de julio, el decano del Tribunal, Bernard Saint-Vil aseguró que dará a conocer el nombre del juez de instrucción que investigará el archivo, y reconoció que los magistrados se mostraron reacios.
La semana pasada, el presidente de la Fundación Je Klere, Samuel Madistin, cuestionó el proceder de la Policía durante la investigación, especialmente que el caso aún estuviera en manos de las fuerzas del orden sin llegar al sistema judicial.
De acuerdo con el también defensor de uno de los arrestados, la Policía hace todo lo posible para impedir la justicia y criticó igualmente la violación de los derechos humanos de los detenidos.
Al menos 44 personas se encuentran prisioneros por supuestos vínculos con el magnicidio y las autoridades emitieron órdenes de arresto contra otros seis, entre los que figura la exjueza de Casación, Wendelle Coq, el abogado Joseph Felix Badio y el exsenador John Joël Joseph.
Contra todos ellos pesan los cargos de asesinato, intento de asesinato y robo a mano armada, mientras la Policía advirtió que son peligrosos y están armados.
El fiscal de la capital Claude Bed-Ford dictó órdenes similares contra el líder del partido Tet Kalé, Liné Balthazar, el ex primer ministro Paul Denis, el empresario Samir Handall, y los pastores protestantes Gérard Bataille y Gérard Forges.
Jovenel Moïse fue baleado en su residencia sin que interviniera la guardia presidencial, que no consta resultara herida, mientras los jueces de paz y secretarios judiciales encargados de las primeras investigaciones tuvieron que esconderse tras ser amenazados de muerte.
La víspera la estatal Oficina de Protección del Ciudadano advirtió en una misiva que el crimen podría quedar impune como tantos otros en los últimos 25 años. jcm/ane
