Las acciones por lograr la liberación de esas personas, la mayoría jóvenes, han cobrado fuerza en los últimos meses para exigir la rápida tramitación en el Congreso Nacional a una ley de indulto, ante la lentitud del trámite legislativo.
Esa iniciativa, que fue presentada por senadores de oposición el 9 de diciembre de 2020, es rechazada de plano por el gobierno y legisladores de la derecha, y cursa actualmente por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, cuyo presidente, Pedro Araya aseguró que la votación en ese grupo de trabajo solo se realizará a mediados de agosto.
Este viernes, los congregados en la emblemática explanada, renombrada Plaza de la Dignidad por los participantes en las grandes concentraciones tras el llamado estallido social, acudieron con carteles alegóricos a esa causa.
Entonando consignas recurrentes en las protestas de las últimas semanas, como ‘Indulto ya’ y ‘libertad a los presos por luchar’, los manifestantes permanecieron en la plaza, donde quedó interrumpido el tránsito de vehículos, hasta que pasadas las 19:00 hora local fueron desalojados por carabineros.
Según cálculos informados esta semana por organizaciones de familiares de los detenidos, al menos 806 personas permanecen tras las rejas, bajo prisión preventiva en muchos casos por más de un año, y sin ser procesadas por no existir pruebas de que hayan cometido delitos.
Las familias advierten que su única responsabilidad es haber participado en las protestas antigubernamentales que remecieron al país en el último tercio de 2019 y comienzos de 2020, por lo cual –aseguran- deben ser considerados como presos políticos.
Ese calificativo es rechazado de plano por el Gobierno, desde el cual se insiste en que la mayoría cometieron delitos y por ello fueron condenadas por los tribunales.
Durante esta semana, parlamentarios y familiares de los presos insistieron en que el Senado apruebe con la mayor celeridad el proyecto de indulto.
Al respecto, el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa instancia, consideró que esa iniciativa legislativa ‘tiene elementos de sobra para poder dar una salida política a los procesos judiciales injustos y arbitrarios que han vivido cientos de compatriotas’.
Señaló que ‘las familias están luchando por justicia; exigen la liberación de sus seres queridos frente a montajes, pruebas falsas, detenciones arbitrarias y prisiones preventivas que llevan más de un año’.
Asimismo opinó que ‘es necesario el diálogo, escuchar a las familias, a las víctimas, y entender que debemos trabajar para que esta ley se convierta en un mecanismo que pacifique a Chile y cierre heridas’.
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