Desde hace semanas las acciones por lograr la liberación de esas personas, la mayoría jóvenes, se repiten cada viernes en la emblemática explanada, bautizada como Plaza de la Dignidad tras el estallido social que conmocionó a este país a finales de 2019.
Durante esta semana la comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto de indulto, el cual deberá ser sometido ahora a la consideración del plenario, en un proceso que demorará semanas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de familiares de los reos, insisten en que el trámite legislativo se prolonga innecesariamente y de forma injusta para esos presos, que según esas entidades ascienden a poco más de 800.
Gran parte de ellos llevan más de año y medio en prisión preventiva, sin proceso alguno lo cual es considerado como una situación anómala por reconocidos juristas.
Este viernes, los congregados en la plaza entonaron consignas como ‘Indulto ya’ y ‘libertad a los presos por luchar’.
Igualmente reclamaron justicia para Fabiola Campillay, joven madre que en noviembre de 2019 quedó ciega y con otras secuelas de por vida tras sufrir el impacto directo en su rostro de una bomba lacrimógena lanzada por las fuerzas policiales.
La agresión a Campillay se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la desproporcionada represión desatada contra los participantes en las manifestaciones populares contra el gobierno de Sebastián Piñera.
Precisamente, el pasado martes un fiscal de esta capital pidió 12 años de cárcel para el excarabinero que le disparó a Campillay, acusado de provocar ‘lesiones graves gravísimas’.
Como en jornadas anteriores, los manifestantes permanecieron en la plaza, donde quedó interrumpido el tránsito de vehículos, hasta que pasadas las 18.00 hora local comenzaron los enfrentamientos con un fuerte contingente de carabineros que los desalojaron empleando chorros de agua y gases.
Aun cuando en sectores sociales y políticos de oposición existe respaldo a la aprobación del indulto como solución humanitaria y política a un problema que se arrastra por demasiado tiempo, el Gobierno se niega rotundamente a liberar a esas personas.
En ese sentido el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, declaró recientemente que se acudirá a todos los canales para impedir que el indulto sea aprobado en el Congreso Nacional.
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