En plenaria nacional, la fuerza de izquierda adoptó una declaración de 17 puntos en la que atribuyó al criticado rumbo oficialista el empeoramiento de la situación sanitaria por la pandemia de Covid-19, con un aumento de 40 por ciento de pobreza, desempleos y pérdidas de ingresos de familias uruguayas.
‘Tambíén enfrentamos un nuevo capítulo del recorte de nuestras libertades, del presupuesto nacional para la atención de las emergencias en materia de salud, educación, vivienda y atención social’ subrayó el pronunciamiento.
Días después el sindicato de la Administración Nacional de Combustibles y Portland (Anap) recurrió de nuevo a un paro de 24 horas, esta vez en protesta por la decisión empresarial de denunciar convenios colectivos y cerrar plantas.
El Portal de la central sindical Pit-Cnt señaló que hay que leer los ataques a la organización obrera como parte ‘de la embestida de la derecha neoliberal clasista y autoritaria’ hacia quienes históricamente enfrentaron dicho modelo y ‘así sucedió en la dictadura, en la década de 1990 y en 2003’.
Además de la ruptura por el Directorio de Ancap del convenio de negociación con el sindicato de 1993 y 2012, el Gobierno decidió cerrar dos plantas productoras y el servicio de un buque distribuidor que, para el gremio se enmarca en la estrategia del desmantelamiento del ente público.
En otro escenario de lucha vinculado, el presidente de Pit-Cnt, Fernando Pereira, reafirmó hoy su convicción de que 135 artículos de la polémica Ley de urgente Consideración (LUC) serán derogados en previsible referendo.
‘Se viene un aire de transformación, y que esta ley será derogada y uno puede sentir, como en 1992, que soplan vientos de cambio’, avizoró, al recordar que en esa fecha la ciudadanía rechazó un plan de privatizar las empresas públicas del entonces presidente de la república, Luis Lacalle Herrera, padre del actual mandatario, Luis Lacalle Pou.
Por otra parte, la bancada senatorial frenteamplista acusó al exministro de Transporte, Luis Alberto Heber, citado a interpelación, de actuar con dolo y negligencia en la negociación que concedió por 50 años el monopolio de la terminal de contenedores a la empresa belga Katoen Natie.
El interpelante, senador Alejandro Sánchez, mostró una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (CTA) de 2008 que rechazó la demanda de exclusividad de esa multinacional y le da la razón al Estado uruguayo, que es quien debe disponer las políticas portuarias del país en conjunto con la Administración Nacional de Puertos.
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