Entre quienes respaldan esa demanda figuran los presidentes de las comisiones de Medio Ambiente, Salud y Pesca del Senado, representantes de partidos políticos de oposición y directivos de las organizaciones ecologistas Chile Sustentable, Océana Chile y Alianza de Huboldt, entre otras.
El jueves último una Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo aprobó dar curso al proyecto minero Dominga, de la empresa privada Andes Iron.
Este contempla una inversión superior a los dos mil 500 millones dedólares para extraer hierro y cobre en minas a cielo abierto, y la construcción de un enorme puerto para embarcar el mineral en el Archipiélago de Humboldt, eje de uno de los ecosistemas más ricos del planeta.
Los detractores del proyecto aseguran que este podría destruir ese reservorio natural, a lo cual se añade que existe un recurso de amparo interpuesto en mayo pasado contra la inversión por sus nocivos efectos sobre la naturaleza y sobre el cual la Corte Suprema debe pronunciarse.
Al respecto Guido Girardi, presiente de la comisión de Medio Ambiente del Senado, aseguró que un proyecto de esa envergadura no se aprobaría ‘en ninguna parte del mundo, menos en el contexto que vive la humanidad hoy’ con los embates del cambio climático.
Asimismo denunció que Dominga ‘es ilegal porque nunca hicieron el Estudio de Impacto Ambiental sobre el ecosistema marino y se aprobó de manera fraudulenta’ con el lobby del Gobierno, a pesar de la oposición de la Corporación Nacional Forestal cuyos argumentos no fueron considerados.
Anunció que la demanda será presentada esta semana y que ‘también vamos a solicitar que se establezca un Área Marina Protegida en toda la zona, donde hay dos de las reservas naturales más importantes del mundo’.
Por su parte, Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, denunció las maniobras de ‘un grupo económico cercano al presidente Sebastián Piñera, que está acusado de presionar e influir en la política por medio de financiamiento ilegal’.
Asimismo advirtió que la prisa en aprobar el proyecto se debe a que este Gobierno llega a su fin y porque ‘está pronta la aprobación de la Ley de Bases de Servicio de Evaluación Ambiental y Áreas Protegidas, con la cual este tipo de proyectos estarán absolutamente prohibidos en ese tipo de sectores’.
En tanto, el diputado comunista Daniel Núñez, señaló que ‘vamos a buscar todas las vías legales para seguir oponiéndonos a este proyecto altamente contaminante (…) ‘recurriremos también a la presión social, a la movilización ciudadana e incluso a la denuncia a instancias internacionales’.
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